Si el jefe de Gobierno se cita con los grandes empresarios del paÃs, el de la oposición lo hace con un grupo de emprendedores. Mariano Rajoy ha reaccionado asà a la reunión del sábado entre José Luis RodrÃguez Zapatero y los 41 principales ejecutivos de España. “Los intereses de las pymes, que generan el 80% del empleo, son capitales para el buen funcionamiento de la economÃa”, señaló ante un centenar de emprendedores y autónomos.
El máximo dirigente del Partido Popular escogió ese escenario para anunciar que “próximamente” presentará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley sobre emprendedores. El objetivo, según el popular, es atajar los tres principales problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas: “financiación, morosidad y fiscalidad”.
En este último capÃtulo, las propuestas van dirigidas a rebajar la carga impositiva. AsÃ, se pide la reducción de los tipos impositivos, ampliando el tramo de tributación reducida a a las empresas de pequeño tamaño. Respecto al IRPF, el PP es partidario de revisar el sistema de módulos y de reducir el tipo impositivo al ahorro. En cuanto al IVA, se aboga por aplicar el “criterio de caja”, de modo que no se tribute por las facturas que no se han cobrado.
También aportó Rajoy su visión sobre cómo deberÃa modificarse el mercado laboral para impulsar la creación de pymes. “El empleo es mi prioridad y la del PP”, apuntó. “Si reducimos la tasa de desempleo del 20% al 10% nos ahorraremos 15.000 millones anuales en subsidios”. La medida más llamativa es la bonificación del 100% de las cotizaciones de jóvenes y mujeres durante su primer año de contrato. Una propuesta ya realizada hace dos semanas por el Instituto de Empresa Familiar, que agrupa a algunas de las mayores fortunas del paÃs, y sugerida en anteriores ocasiones por la patronal.
Asimismo, el PP defiende relajar aún más las condiciones del contrato de fomento (el que cuenta con 33 dÃas de indemnización por año trabajado) para impulsar “el empleo estable”. También se decanta por rebajar las cotizaciones sociales que abonan las empresas, otra vieja reivindicación de la patronal. En cuanto a la reforma de la negociación colectiva, en la que actualmente trabajan sindicatos y patronal, Rajoy apuesta por que “se permita a las empresas, especialmente a las pymes, el descuelgue de los convenios colectivos”. “Yo preferirÃa un gran convenio nacional, que establezca las lÃneas generales de los sectores, bajo el que actúen los convenios de empresa”, subrayó. La flexibilidad interna de las compañÃas es, en opinión de Rajoy, “clave” para el funcionamiento. “Cuanta más libertad y flexibilidad para regular las condiciones de trabajo, mucho mejor”, aseveró.
Un millón más de emprendedores
Desde el punto de vista de la financiación, el PP propone bonificar a través del ICO los intereses de los préstamos a pymes y autónomos y potenciar los microcréditos y avales para jóvenes y mujeres emprendedoras. Se deberÃa reforzar la Ley de Morosidad y reducir el interés de demora de las pymes.
El lÃder popular considera que solo si se consigue un millón más de empresas se acercará España a la verdadera recuperación económica. Lo que no tiene tan claro es qué sectores deberÃan ocupar el vacÃo dejado por el decreciente negocio de la construcción: “es el empresario el que debe decidir”.
La CEOE ha propuesto a los sindicatos que los convenios colectivos no puedan extender su vigencia más allá de nueve meses tras su vencimiento, para dar tiempo a las partes negociar su renovación. Transcurrido este periodo, si no se alcanzase un acuerdo, la patronal insiste en proceder a un arbitraje voluntario, a incluir el convenio en una unidad de carácter superior o a su desaparición. Ello se contempla en los documentos de trabajo que manejan empresarios y sindicatos, informa Europa Press. Sindicatos y patronal se han dado hasta mediados de abril para negociar el nuevo sistema de convenios colectivos. Por otro lado, patronal y Gobierno estudian eliminar, simplificar o gestionar a través de internet 59 trámites para lograr un ahorro a las empresas de 778 millones de euros al año. Asà se desprende del informe sobre cargas administrativas presentado ayer. El fin es rebajar un 30% los trámites para 2012.
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