“La iniciativa del Gobierno de Canarias de allanar el camino a los emprendedores reduce en más de un 70% los tiempos de espera en la tramitación de los permisos que necesitan los empresarios para poder desarrollar sus negocios”, estima en un informe hecho público ayer la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que valora como un avance significativo la reciente aprobación de la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, que entró en vigor el viernes pasado y beneficiará de manera especial a sectores estratégicos para la economÃa regional como los servicios, la construcción y la industria.
La Cámara, que recuerda que con la antigua Ley de Actividades Clasificadas las administraciones públicas podÃan tardar hasta un año en resolver las demandas de los empresarios, agrega que hasta ahora “las trabas administrativas innecesarias que soportan las pymes canarias suponen un desembolso adicional de unos 300 millones de euros al año, además de provocar que cerca del 50% de las iniciativas empresariales se queden en el camino”.
El objetivo de la Ley es minimizar los “costes ocultos” que sufren los empresarios canarios, reduciendo el número de trámites, agilizando los plazos de presentación y resolución de expedientes, asà como simplificando la presencia de las administraciones implicadas. En este sentido, esta reglamentación, promovida por el Ejecutivo regional, obliga a que las administraciones implicadas tengan que resolver y notificar su autorización en un plazo máximo de tres meses con carácter general y cinco meses cuando sea necesario la intervención de los cabildos insulares. Otro de los aspectos destacables de la Ley, aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado mes de marzo, es que la ausencia de respuesta por parte de las administraciones, es decir, el silencio administrativo, será positivo y automático, con carácter general, salvo que exista un informe de calificación negativo. A juicio de la Cámara de Comercio con esta nueva redacción se dota de mayor seguridad jurÃdica a los operadores económicos.
Para el presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio González MartÃn, la nueva legislación impulsada desde el Gobierno de Canarias sobre el grueso de las actividades productivas que conforman el tejido económico del Archipiélago supone “un balón de oxÃgeno no sólo para la apertura de nuevas iniciativas empresariales, sino también a la hora de plantear mejoras y procesos de innovación en aquellos negocios que ya están en marcha”. González MartÃn subraya que este marco normativo, que surge ante la necesidad de adaptar la Ley vigente a la Directiva Bolkestein, responde a “una de las demandas históricas del sector empresarial que, ahora más que nunca, requiere agilidad y eficacia por parte de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha sus iniciativas”. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Actividades Clasificadas, los promotores de nuevos negocios ahorrarán tiempo y dinero, porque tan sólo tendrán que comunicarlo previamente a las corporaciones locales, a través de un escrito avalado por los redactores del proyecto, que serán, en definitiva, responsables de la legalidad de la iniciativa, destaca la Cámara.
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